[EL PIQUETERO N°1 – 2° ÉPOCA] ¡ABAJO LA REFORMA REACCIONARIA DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL!

MACRI Y GARAVANO ALIMENTAN A LAS MAFIAS Y PROMUEVEN LA REINCIDENCIA Y LA INSEGURIDAD

¡ABAJO LA REFORMA REACCIONARIA DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL!

LA REFORMA DE LA LEY 24.660 ES INCONSTITUCIONAL. ORGANICEMOS LA RESISTENCIA A LA POLÍTICA DE MANO DURA DE BULLRICH, GARAVANO, PETRI (UCR) Y EL FRENTE RENOVADOR. #NIUNAMENOS NO ES PUNITIVISMO.

Natalia Saralegui // @NatiSaralegui

La reforma de la ley de ejecución penal es impulsada por el macrismo con un objetivo puramente electoral, para tratar de legitimarse como una fuerza política que ataca la inseguridad. La reforma elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de las personas condenadas y lo reduce a su mínima expresión para el resto. Plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Con el descalabro presente en la cúpula del aparato represivo, que ha develado su carácter delictivo y mafioso con los casos de Bressi y Potocar, y con el actual sistema carcelario, lo único que va a lograr esta reforma es incrementar la reincidencia y alimentar a las mafias, en primer lugar a las del propio Estado.

NO DARLE TRABAJO A LOS PRESOS Y LIBERADOS ES FACILITAR MANO DE OBRA A LAS MAFIAS Y NARCOS

Está demostrado que la educación, el deporte y el trabajo fundamentalmente es lo que permite reducir drásticamente la reincidencia o el ingreso en el delito (entre quienes están en las cárceles varios nunca delinquieron). En el penal de San Martín, la participación del equipo de rugby Los Espartanos bajó la reincidencia del 65% al 5% (La Nación, 2/04). En la cárcel uruguaya Punta de Rieles, que funciona como un pueblo y garantiza los derechos a la educación, al trabajo, al deporte, a la cultura y la recreación de los detenidos el índice de reincidencia bajó al 3% (Fmfutura.com.ar, 18/05/2015).

Uno de los principales reclamos de los liberados de los penales es que el gobierno garantice una salida laboral cuando se sale del penal. La reincidencia no es un problema moral en primer lugar sino material. Cuando el gobierno ataca la educación en las cárceles y no garantiza el derecho al trabajo a los internos ni a los liberados de las unidades penitenciarias, le está facilitando mano de obra a las mafias policiales y a los narcos.

Esto fue explicitado por la propia Patricia Bullrich en el III Simposio del OPRENAR (Observatorio de Prevención del Narcotráfico) donde planteó que los narcos y las mafias rivalizan en lo barrios con los empresarios y el Estado como empleadores. Entonces, queda claro que el camino para mejorar la seguridad es la promoción de la educación y el trabajo.

Para eso lo que sirve es el CUD (Centro Universitario de Devoto), políticas y presupuestos para la educación y el trabajo en cárceles y para los liberados. Lo que buscan Garavano y el PRO con la política de mano dura es criminalizar y perseguir, atacar la militancia y el derecho a expresarse de las personas mientras promueven el hacinamiento en las cárceles a miles de hombres y mujeres pobres. Si atacan uno de los pocos remedios que se ha probado que sirven es porque no les interesa en absoluto la tan mentada “seguridad”.

EL GOBIERNO AGRAVA EL HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES

Tal como afirma Guillermo Nicora, Director del área Cárceles y Política Penitenciaria del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales: “¿Por qué es imprudente? Porque pretende apagar el fuego con nafta. Si fuera cierto lo que prometen los autores del proyecto, y la ley se aplicara en todos los casos previstos en ella, según los datos oficiales del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) 2015, el 40 por ciento de las personas que están hoy privadas de la libertad estaría presa durante un tercio más de pena. ¿Eso qué quiere decir? Aproximadamente, 20 a 25 por ciento más de necesidad de plazas penitenciarias. O sea, 45 cárceles nuevas de 400 presos cada una, sólo para no empeorar el hacinamiento actual. Quince de esas cárceles, al menos, tendrían que instalarse en el conurbano (si el preso no sale, hay que facilitar las visitas de su familia). Es imprescindible que antes de poner en vigencia la ley, el gobierno muestre (además de los cuarenta y cinco municipios que aceptan una cárcel en su distrito) de dónde saldrán los fondos y cuáles son los plazos que necesita para montar esas cárceles, que además de muros y rejas, necesitan cloacas, electricidad, calefacción, agua, comida, remedios, maestros, psicólogos y personal de seguridad, todos entrenados y equipados” (Telam, 15/05).

Es decir, que lo único que va a suceder con esta ley y la extensión de las penas es que las cárceles van a estar en peores condiciones, con mayor hacinamiento, con más violencia. El único resultado va a ser más poder para las mafias policiales, judiciales, penitenciarias y de la inseguridad.

LA REFORMA ES INCONSTITUCIONAL, EXIJAMOS QUE SE CUMPLAN LOS DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el fin esencial de la pena es la resocialización, por lo que no puede establecerse ninguna otra finalidad. El espíritu de la reforma viola este fin y está focalizado en supuestamente “proteger a la sociedad” (cuando en verdad fomenta la inseguridad). El Comité contra la Tortura de la ONU ya se pronunció en contra de la reforma. Por lo tanto tenemos que luchar para que frente a cada caso se cumpla la constitución y derrotar esta nueva ofensiva macrista contra los derechos democráticos.

El carácter inconstitucional de la ley habilita también que promovamos recursos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si la Corte lo rechazara. El 23 de mayo, sumemos el reclamo de los compañeros privados de la libertad a la marcha del Foro por la Democracia y la Libertad a la CIDH.

LA AGRUPACIÓN TODO PRESO ES POLÍTICO Y LA TPR A DISPOSICIÓN PARA LUCHAR POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS

Desde la agrupación Todo Preso es Político y la Tendencia Piquetera Revolucionaria nos solidarizamos con los miles de compañeros detenidos que están protagonizando las huelgas de hambre. Repudiamos esta reforma reaccionaria y nos ponemos a disposición para seguir luchando contra los ataques a los derechos de las personas privadas de su libertad, por la plena vigencia de sus derechos políticos. Como parte del movimiento de mujeres decimos ¡No en nuestro nombre! Ni una menos no es punitivismo. No a la reforma reaccionaria de Bullrich, Garavano, Petri y el Frente Renovador. Abajo la persecución, represión y criminalización del gobierno de Macri.


POR UN FRENTE DE LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAMOS POR LOS DERECHOS DE LOS PRESOS

La ofensiva macrista contra los presos plantea la necesidad de que las organizaciones que defendemos a los compañeros privados de su libertad desarrollemos una campaña política. A su vez, las organizaciones de presos y liberados denuncian la falta de políticas de empleo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación: se incumple la ley 14.301 (ver recuadro), no hay capacitación laboral en los penales, no hay apoyo a las cooperativas de liberados. Esto plantea la necesidad de desarrollar una campaña de empadronamiento y organización de liberados para exigir trabajo y todos los reclamos de los liberados.

Como TPR y Todo Preso es Político participamos del plenario por la conformación del Frente Nacional por la Integración y la No Criminalización de la Pobreza, junto con la Red de Cooperativas de Liberadxs, la Radio La Cantora, el Sutpla, el Frente Transversal y otras organizaciones que defienden los derechos de los presos y liberados.


VIDAL INCUMPLE LAS LEYES QUE OBLIGAN A DAR TRABAJO A LOS LIBERADOS

La provincia de Buenos Aires cuenta la Ley 14.301 que obliga a la provincia a emplear a los liberados que hayan cumplido más de 5 años privados de su libertad en al menos el 2% del empleo estatal provincial. También la Ley 12.256 art 218 destina el 5% del empleo de la obra pública a los liberados y condenados. Sin embargo, los compañeros que hoy salen de los penales se encuentran las más de las veces sin salida laboral. Exigimos al gobierno nacional y provincial un cupo del 5% del empleo público para los compañeros liberados, así como también apoyo a las cooperativas de liberados, capacitación laboral en los penales y para los liberados.

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