No a los megabasurales de TAYM y CORMECOR

Roggio, Mestre, Schiaretti y Macri contaminan y dejan sin agua al 30% de Córdoba

No a los megabasurales de TAYM y CORMECOR

No al Complejo Ambiental Córdoba. No a los negociados y la industria de la contaminación

Este martes 28 de marzo Córdoba fue sacudido por un temporal en el valle de Paravachasca. Las inundaciones afectaron varias localidades del departamento de Santa María. Villa Parque Santa Ana y Anisacate fueron los ejidos más afectados. A ello se sumó la anegación de las rutas de acceso a ´Córdoba Capital  razón por la cual la Policía Caminera restringió el tránsito durante varias horas. Sin embargo, el alerta mayor se presentó en horas del mediodía cuando cedió una de las celdas de disposición final de residuos peligrosos perteneciente a la planta de tratamiento de TAYM, ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, a la altura de Bouwer, en el kilómetro 792 de la ruta 36 en la intersección con la ruta provincial 5.

1

TAYM S.A., empresa encargada de la acumulación de desechos industriales de alta peligrosidad, fue protagonista del arrastre de residuos hasta el dique Los Molinos de donde Aguas Cordobesas S.A. saca agua para el 30% de los cordobeses. El resultado fue que en las casas el agua empezó a llegar marrón. Aguas Cordobesas S.A. informó que restringió el ingreso de agua a la planta potabilizadora debido a su turbidez. No aclaró, sin embargo, si esta turbidez fue producto de la contaminación originada en la planta de tratamiento de residuos industriales. Para peor, a 4 kilómetros pretenden construir el Complejo Ambiental Córdoba, un predio de 500 hectáreas donde se depositarán durante los próximos 30 años unas 2.000 toneladas diarias de residuos de la ciudad de Córdoba y ciudades cercanas cercanos como Villa Allende, Alta Gracia, Malvinas. La salud pública de los vecinos está en riesgo. El propio gobernador Schiaretti declaró que “estuvimos a un tris de un desastre ecológico y ambiental”.

La magnitud del temporal es utilizada por los funcionarios como una excusa. No se trata de una “precipitación extraordinaria” sino de la extraordinaria impunidad que tienen los megabasurales gracias a la complicidad del poder político. El temporal dejó al descubierto el entramado de intereses que unen tanto a TAYM como Aguas Cordobesas S.A. (ambas empresas del grupo Roggio), así como la licitación para la obra de entubamiento del canal Los Molinos por un monto de 1.132,8 millones de pesos (también para el grupo Roggio) y a la Corporación Ambiental de Córdoba (proyecto de CORMECOR) con la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR, constituida por el municipio cordobés de Mestre al 51% y el resto distribuido entre 10 intendencias y el sindicato de recolectores de residuos Surrbac). Todas estas empresas son industrias contaminantes que actúan con la abierta complicidad del gobierno provincial de Schiaretti y la zona liberada que hace el gobierno nacional de Macri. Una conclusión se impone: Roggio, Mestre, Schiaretti y Macri contaminan y dejan sin agua al 30% de Córdoba. Con tal de mantener sus negociados, nos quieren envenenar. Los tenemos que frenar.

“EL DESASTRE ANUNCIADO”  (PARTE I): LOS VECINOS DE PARQUE SANTA ANA YA LO HABÍAN ANUNCIADO

Muy lejos de tratarse de un “desastre natural inesperado”, los vecinos autoconvocados de “Santa María sin Basura” respondieron con un comunicado de prensa titulado “el desastre anunciado”. Es un retrato de cuerpo entero de la responsabilidad directa del poder político. Un mejor título no le podían encontrar.

santanazo-1.jpeg

Hace pocas semanas, los vecinos conmemoraron los 5 meses de acampe y más de 6 meses de lucha. En la ocasión, agradecieron a las “12 mil personas que firmaron apoyando el reclamo de los vecinos en contra de la instalación de un nuevo megabasural a tan sólo 10 cuadras de su pueblo”. Es gracias a esta conciencia, a esta experiencia política y a esta voluntad de lucha que respondieron automáticamente al temporal cortando media calzada de la ruta 5 en reclamo por el esparcimiento de los desechos ubicados en cercanías de donde Cormecor pretende instalar su nuevo basural. De hecho, fueron los vecinos del Parque Santa Ana los que advirtieron de la situación con mensajes y videos en redes sociales y whatsapp. Es gracias a ellos que sabemos que se rompió el terraplén que permitía el ingreso de contaminantes. Desde la TPR apoyamos su lucha y nos parecen un ejemplo excepcional.

Su comunicado de prensa es contundente: “Los vecinos que hace años vivimos en la localidad ya conocemos que cuando las precipitaciones son intensas, se producen poderosas escorrentías que pasan por el predio, debido a que existe una enorme pendiente -la diferencia de altura entre la Ruta 5 y la Ruta 36 es de aproximadamente 100 mts- y cuando se producen copiosas lluvias se forma un enorme río natural que drena el agua hacia la Ruta 36. Hoy este fenómeno natural, puso una vez más las pruebas sobre la mesa, de lo que se viene denunciando insistentemente: el predio elegido unilateralmente por CORMECOR no es apto. Casualmente, en la reunión que la asamblea mantuvo el pasado domingo, se proyectó un video documental sobre las escorrentías en La Morita, camino de acceso al polémico predio. Por esto, las fotos y los videos que los vecinos del acampe mandaron esta madrugada no sorprendieron a nadie. Más bien constituyen una prueba más de las falencias, la poca seriedad y falta de rigor científico de los estudios presentados por Cormecor. Estudio de Impacto Ambiental, en base al cual, la Secretaría de Ambiente otorgó la Licencia Ambiental…”

No se trata, sin embargo, sólo de una “opinión de los vecinos” como nos quieren hacer creer los funcionarios provinciales. Una de las voceras de los asambleístas, Liliana Lacombe, advirtió: “No tienen idea lo que van a provocar con esta instalación, afecciones, campos muertos, despoblación, desinversión y muchos otros problemas más como aquellos que construyeron mucho o poco estén obligados a irse o a someterse a tales problemas de salud”. Cuando los vecinos dicen que “no puede haber desechos industriales en una zona residencial y de una planta potabilizadora” están diciendo lo mismo que el propio intendente de Bouwer, Juan Lupi: “Esta tormenta dejó al descubierto la problemática que tiene esta zona y la imposibilidad de instalar otro basural en el lugar. Hace años que lo decimos”.

Por eso, los Vecinos de Parque Santa Ana van por más: piden la renuncia de Javier Britch, secretario provincial de MedioAmbiente y reclaman que la UFIMA (Unidad Fiscal de MedioAmbiente, a cargo de Ramiro González) se haga cargo de tomar las denuncias contra TAYM. En esa misma línea, reclaman a la justicia una rápida y exhaustiva inspección ocular y un estudio de suelo. Por último, queremos destacar las denuncias de los vecinos están sólidamente apoyadas en informes técnicos de la Defensoría del Pueblo a cargo de Mario Decara y la FUNMA (Fundación en defensa del MedioAmbiente) dirigida por el mundialmente reconocido ambientalista y docente de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la UNC, Raúl Montenegro.

“EL DESASTRE ANUNCIADO” (PARTE II): LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO YA LO HABÍA ANUNCIADO

Para difundir su plan, Decara aprovechó la polémica generada por el anegamiento del predio de la empresa TAYM y el volcamiento de esas aguas en el canal Los Molinos-Córdoba. El ombudsman provincial (defensor del pueblo) dijo que él había anticipado que esto podría pasar. Decara señaló que “en diciembre pasado” (hace 3 meses) ya había dado a conocer un informe sobre “el riesgo asociado a la escorrentía generada por los excesos hídricos superficiales a consecuencia de precipitaciones intensas en la zona del valle de Paravachasca que podían afectar a la zona donde se emplazaría el predio de enterramiento de CORMECOR y donde se encuentra actualmente la Planta de TAYM”. O sea, tal cual lo denuncian los vecinos: la contaminación se podía evitar.

Este informe técnico, elaborado junto a autoridades y técnicos del INADEP y del Área de Infraestructura, recomienda que el Complejo Ambiental Córdoba no se instale en los predios expropiados por el Gobierno provincial debido a contradicciones en algunos puntos y diferencias en otros con el informe pedido por CORMECOR a la consultora Geo ambiental. Según el estudio, el ejido y la zona urbana de Villa Parque Santa Ana se encuentran en dirección suroeste por lo que la localidad sería afectada directamente por los vientos y la dispersión de contaminantes que acarrearían. O sea, exactamente lo que sucedió esta semana. En segundo lugar menciona que actualmente, según fotos provistas por vecinos de la zona y autentificadas por escribano, se evidencia anegamientos en el predio por lo que el alto caudal de agua producto de las escorrentías podría ocasionar mayores erosiones y problemas hídricos sobre los campos, ruta 36 y predios colindantes.

El documento además expresa que, tal como consta en el informe de impacto ambiental, “una pequeña superficie del radio urbano de Villa Parque Santa Ana se encuentra dentro de esta área, por lo que debe ser rectificado”. Eso implica que el radio urbano, determinado por la Legislatura, debería ser modificado por una ley. Los técnicos de la Defensoría también hacen la salvedad de que la proximidad del predio con esa localidad “puede significar el impedimento para esta comuna para planificar un crecimiento hacia el nor-noreste”. Se enfatizó además la previsión del crecimiento poblacional correspondiente al área metropolitana: “Si se considera la distancia del predio al anillo de la Circunvalación, la misma es de 14,5 km en línea recta por lo que se puede suponer que el predio para la realización del complejo en aproximadamente 10 años quedaría inserto dentro de la mancha urbana metropolitana, lo cual generaría los inconvenientes que hoy se desean evitar realizando el emprendimiento en las afueras de la ciudad”. También establece que es necesario tener en cuenta las previsiones del Indec y de la Dirección Provincial de Estadísticas sobre el crecimiento que tendrán los departamentos Colón y Santa María de Punilla, que tornarán más problemática la presencia de la planta de tratamiento en el predio elegido. O sea, los megabasurales bloquean el desarrollo económico y demográfico de los pueblos de la zona.

En este sentido, en opinión de la Defensoría, sería mucho más beneficioso utilizar el terreno para la realización de diversos cultivos agrícolas u otros emprendimientos como puede ser la producción intensiva ganadera, y no necesariamente “el cultivo de soja con gran utilización de agroquímicos” (como plasma el informe de la consultora de la empresa). O sea, emprendimientos productivos que sean ecológica y socialmente sustentables en el tiempo.

En contrapartida, la defensoría tiene su propuesta para el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos del Gran Córdoba, que no incluye a la proyectada planta de CORMECOR. Decara propone optimizar el espacio disponible “para extender la vida útil del predio de Piedras Blancas por entre 3 y 5 años”, reutilizar las fosas más antiguas y luego, en una etapa posterior, establecer otro sitio de disposición y tratamiento que esté “a más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba”.

Decara no precisó un sitio en particular como sí hicieron, hace cuatro años, dos legisladores provinciales de Unión por Córdoba que eligieron como destino el norte de la provincia, en la zona de las salinas. Decara sugirió estudiar, para el traslado de los residuos a esa lejana disposición final, la utilización del ferrocarril, y “convertir los RSU en un activo” para que lo que hoy es un problema sea visto en el futuro como una gran oportunidad de desarrollo regional”. Este proyecto, sin embargo, es ninguneado por los gobiernos en todos los niveles: municipal, provincial y nacional.

“EL DESASTRE ANUNCIADO”  (PARTE III): LA FUNAM YA LO HABÍA ANUNCIADO

Consultado por varios medios de comunicación, sostuvo la misma opinión el titular de FUNAM (Fundación en defensa del MedioAmbiente) y docente de Biología Evolutiva de Psicología de la UNC, Raúl Montenegro: “Esto demuestra lo que ya se sabía técnicamente, esto podía pasar. Pero insistieron con la localización del predio” dijo, agregando que “este tipo de cosas debieron haberse previsto”. En tal sentido, cuestionó que Córdoba sea “una de las cinco provincias que recibe residuos peligrosos para almacenar”. A su vez señaló con preocupación: “Algunos residuos vienen de la región petrolera, del sur, y es absolutamente impredecible saber cuáles han sido los residuos que pudieron escapar del predio. Porque no solo recibe residuos sólidos, sino que líquidos”. La fundación considera “impredecible” saber qué almacena la planta, aunque advierte sobre “líquidos de la región petrolera”.

Refirió a su vez que TAYM no “trata” los residuos sino que la planta es solo de “almacenamiento y acumulación”, y que “los sistemas torrenciales que había moviéndose desde Santa Ana hacia el otro lado, eran conocidos”, por lo que “la secretaría de Ambiente tenían la obligación de conocerlo”. La contundencia de las imágenes del agua proveniente de la anegada planta de la firma TAYM rumbo al canal Los Molinos, fue definido como “tremendo” por Raúl Montenegro, aunque también “predecible”. “El tratamiento a cielo abierto de desechos industriales en Taym es ilegal”, sostuvo. La conclusión es que, al igual que el predio de Cormecor aprobado y denunciado, la empresa de almacenamiento de residuos peligrosos “está en una zona de drenaje del agua”. Si bien está en proceso una denuncia penal contra la secretaría de Ambiente de la provincia por “aprobar la localización” del complejo donde se tratarían los residuos de varias localidades cordobesas, a través de CORMECOR, Montenegro adelantó que ampliará la denuncia en virtud de la situación de contaminación desatada por el temporal.

TAYM NO ES UNA EXCEPCIÓN, ES PARTE DE UN GRAN NEGOCIADO

Esto no es nuevo en Córdoba. No sólo tenemos las denuncias y estudios técnicos realizados sino todos los antecedentes que demuestran la existencia de un plan político para promover sistemáticamente la industria de la contaminación.

Ya en 2010 los vecinos a través de la lucha lograron que se cerrara el enterramiento de basura municipal de Potrero del Estado que durante 30 años había funcionado provocando graves enfermedades a los vecinos, aún hoy 7 años después el gobierno de Mestre y la UCR no se hace cargo del saneamiento de ese predio. Ese mismo año la municipalidad, en ese momento a cargo de Giacomino, inaugura el predio de Piedras Blancas bajo la promesa de que sólo funcionaría un año. La idea del intendente era poder reemplazarlo por una planta de gasificación de basura mediante contrato con la empresa yanki Innviron que presentó supuestos avales de funcionamiento de ese mismo mecanismo en EEUU, se comprobó que los avales eran falsos y Innviron no pudo instalarse. A partir de eso el predio de Piedras Blancas quedó de manera permanente. Como parte de esta política de recorte de gastos por parte de los gobiernos provincial y municipal, nunca existió un plan de separación de residuos y la mayoría de la basura termina en basurales a cielo abierto en la Capital que afecta gravemente a los cordobeses.

En 2012 Mestre crea CORMECOR dedicado a planificar el Complejo Ambiental con el que planean seguir contaminando bajo un supuesto plan de saneamiento. Para conseguir la aprobación para la radicación en 2013 CORMECOR solicita al ISEA (Instituto Superior de Estudios Ambientales) dependiente de la UNC estudios para radicarse en la ruta Km 35 a un 1Km de donde antes se había ubicado Potrero del Estado. Frente a esta provocación por parte del gobierno, una vez más el rechazo de los vecinos fue contundente. Finalmente en noviembre de 2014 se ubicó entre las rutas 36 y 5 y un año después, con una audiencia pública trucha mediante, el gobierno de De la Sota le otorgó la licencia ambiental. Ya en octubre de 2016 logró instalarse en las primeras 160 hectáreas de un total de 500. La principal empresa propuesta para la construcción de este complejo es nada más ni nada menos que la empresa “limpar” controlada por Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri. Las instalaciones que se prevén construir fueron avaladas por el ARS (Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos) y por el INTI. Preveen una planta de separación mecánica, otra de neumáticos fuera de uso, una de compostaje, una de residuos áridos, de voluminosos valorizables y además un enterramiento sanitario.

Y como si todo esto fuera poco hoy, otra denuncia por parte de los vecinos de los alrededores del lago San Roque y el arroyo Los Chorrillos. Vienen organizando varias movilizaciones exigiendo al intendente de Carlos Paz, Avilés, al gobernador Schiaretti y el gobierno nacional de Mauricio Macri, urgente solución al olor insoportable que emanan el arroyo y el lago  a causa de la desembocadura de más del 70% de los líquidos cloacales. Según un equipo de virología de la UNC existe una persistencia de varios agentes infecciosos y virus entéricos. Claramente la prioridad tanto de Unión por Córdoba como de la UCR no está puesta sobre la salud de los cordobeses, sino sobre los negocios contaminantes que puedan cerrar.

PURO CINISMO OFICIALISTA: “ERAN RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS”

La primera comunicación oficial de los funcionarios no sólo llegó tarde y sin muchas precisiones sino que fue directamente una provocación. El secretario de Ambiente Javier Britch intentó restar toda gravedad e importancia al episodio: “El agua arrastró hasta la ruta algunos residuos peligrosos que estaban por ser procesados para ser después dispuestos. Identificamos los materiales arrastrados sobre la ruta y eran residuos asimilables a domiciliarios”. Britch indicó que no hubo elementos que llegaran al Canal Los Molinos. A su vez marcó que “se debe tener en cuenta que hubo ‘una precipitación extraordinaria’ y dejó en claro que las auditorías recientes fueron ‘satisfactorias aunque con observaciones’ (sin aclarar cuáles son las observaciones). “La Provincia también informó que la firma tiene que poner en marcha un plan de remediación antes de volver a operar y que se levante la clausura”. No se dio ninguna precisión de cuánto tiempo podría llevar esto, sólo se dijo que será “poco” porque la situación que se encontró en el lugar era “menos grave de lo que se esperaba.” Por su parte Hugo Pesci, director de CORMECOR, aseguró que “se verificaron los estudios hidrológicos”, ya que el campo no se convirtió en laguna sino que evacuó las aguas a través del camino de ingreso. “Con las obras hidráulicas planificadas, tiene que funcionar perfecto”. O sea que para los funcionarios no ha pasado nada grave. Pura negación de la realidad. Nos toman de boludos.

4

Menos caradura fue la vocera de TAYM, Gabriela Ananía, quien admitió que hubo un desplazamiento de residuos peligrosos, pero enfatizó que se trató de materiales con una “muy baja concentración de contaminantes”, correspondiente a lo que se había recibido durante el día. Señaló que se está trabajando en la contención y remediación de los materiales desplazados dentro del predio, a la vez que explicó que los materiales que salieron de la planta de TAYM “son materiales sin peligrosidad”

Muy distinta fue la conclusión que sacó la Policía Ambiental quien ordenó el cierre temporal de la planta porque confirmó el desplazamiento de residuos peligrosos que salió de una de las fosas. Adrián Reinaudo, director de la Policía Ambiental, admitió que se detectó desplazamiento de residuos peligrosos y ordenó el cese preventivo y precautorio de la planta. “Las fosas que ya están selladas no han sido afectadas, no han tenido problemas. Sí resultaron afectadas dos fosas: una en construcción, sin residuos peligrosos en su interior; y la fosa que estaba operando en ese momento. Esa fosa sí sufrió desplazamiento de materiales pero no podemos decir que ha llegado al canal hasta que avancemos con el protocolo”, indicó el funcionario.

En la fosa que desbordó había desechos industriales pero la Provincia aún no sabe de qué elementos se trata ya que la firma aún no difundió el inventario.

Por eso el fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, investiga la posible comisión de algún delito relacionado con lo ocurrido en las empresas del grupo Roggio. Otonello manifestó que aguardan los resultados para saber de qué tipo de residuos se trata. “Las imágenes muestran que hay un terraplén vencido por el curso del agua y eso podría haber provocado que parte de los residuos haya salido hacia el exterior”. “Todo lo que hay en ese predio son residuos peligrosos, que tienen que ser confinados por ley, y, con el hecho de que haya existido una inundación y que eso haya sido desplazado pendiente abajo, no solamente tenemos la posible llegada al canal, sino la contaminación con residuos peligrosos en los campos”, agregó y marcó que “el hecho de que el predio se haya inundado y después rebalsado es absolutamente preocupante”.

Los primeros resultados de la investigación judicial confirmaron a los vecinos: en el agua del canal, antes de ser tratada, se encontraron sustancias tóxicas como hierro, aceite de avión, el herbicida Haloxifop-P-metil y el Diterbutilfenol (el mismo que en su momento denunciaron los vecinos de Gualeguaychú contra la planta papelera Botnia por ser un posible cancerígeno). En lugar de dar prioridad a esta investigación judicial y brindar información fehaciente a los usuarios, los funcionarios rápidamente lanzaron un operativo de encubrimiento para salvarse a sí mismos y a sus socios empresarios.

SIN COMPLICIDAD DE LA UNC, LA UTN Y EL PODER POLÍTICO, ROGGIO NO PUEDE SEGUIR CONTAMINANDO A LOS CORDOBESES

El Ente Regulador de los Servicios Públicos ERSeP, en relación a la Calidad del Agua suministrada por la planta potabilizadora Los Molinos, informó que: “Se debe saber también que es la UTN (Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba), quien por medio de su Laboratorio CIQA, interviene en el control de estos procesos de calidad, y que se encuentra actuando en esta situación. Por lo tanto, el agua cumple con los parámetros de calidad exigidos” Sobre los residuos en bolsas rojas que se vieron en algunas fotos, dijo que “probablemente sean de domicilios, de los empleados de la empresa”. “Son bolsas de color rojo, pero no son residuos patógenos porque la empresa no está autorizada para eso”, explicó.

2.jpg

Nada de eso creen los vecinos. De hecho, el ERSeP difunde a medias los análisis sobre el agua de la planta Los Molinos. Si bien se informó que se publicaron todos los estudios realizados por el CIQA hay una muestra que el Ersep prefirió resguardar: la CW/7409, que es la que indica el estado del agua en crudo en el canal con todo el aporte de efluentes que estaba recibiendo desde la ruta 36, donde particularmente se encuentra la planta de Taym, sitio en el que se almacenan residuos peligrosos y que fue desbordado por el torrente de la inundación. Macaño aseguró que el CIQA no puede compartir esos datos porque fueron confeccionados a pedido de un cliente, el Ersep, y es el Ente quien decide qué mostrar.

Los vecinos tampoco confían en la reputación del informe de impacto ambiental, elaborado por la Consultora Geoambiental y el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba. Este informe fue aprobado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Cabe recordar que la instalación del megabasural de CORMECOR había obtenido la licencia ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia en base a un estudio de impacto ambiental que, como ahora se demuestra, se encontraba lleno de falencias. Estas críticas efectuadas por vecinos y asesores fueron refrendadas por una evaluación técnica independiente realizada por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, en la que se descalifica técnica y científicamente los estudios del ISEA sobre los cuales se eligió el nuevo emplazamiento para los residuos de Córdoba.

Los informes de la UNC, a su vez, tampoco son creíble porque fueron desautorizados por el propio Tamarit, ex rector de dicha universidad. El año pasado los vecinos ya se habían acercado a la UNC a protestar contra el informe que el ISEA, dependiente de la Universidad, elaboró para la empresa estatal CORMECOR, declarando “óptima” a la zona de Bouwer para alojar la basura de la ciudad de Córdoba y municipios periféricos. Francisco Tamarit, rector de la UNC en ese momento, los recibió y expresó estar “de su lado”. Tamarit informó a las autoridades municipales que “se observaban tres puntos delicados que requerían especial análisis”. El primero era que los terrenos para transferencia, tratamiento y disposición final se escogiesen una vez finalizada la segunda parte del estudio. En segundo lugar, que el sitio de transferencia, tratamiento y disposición final se encuentre alejado de cualquier conglomerado urbano. Finalmente, solicitó a CORMECOR no realizar el enterramiento sin previo tratamiento. Y, como si fuera poco para terminar de hundir el informe de CORMECOR, el ISEA ya dio a conocer por medio de una nota que sus estudios no eran definitivos y que en la actualidad se está realizando la segunda etapa de los estudios, que apunta a los ­aspectos socioambientales. O sea, que el informe que elaboraron todavía no es concluyente. La credibilidad del informe de la UNC, por lo tanto, se redujo a cero.

Se trata, por lo tanto, de una enorme crisis política al interior de la propias instituciones universitarias y científicas. A diferencia de lo que afirman las autoridades, no hay consenso técnico que avale la instalación de los megabasurales. Los informes de la UTN son refutados por la UNLP y los informes de la UNC fueron refutados por quien fuera rector en su momento. La tarea del movimiento estudiantil y docente, en este cuadro, es dar una lucha política abierta para que ninguna institución universitaria utilice su prestigio académico para permitir que el grupo Roggio siga contaminando a los vecinos e, inundaciones mediante, a todos los usuarios de Córdoba.

POR UNA GRAN CAMPAÑA POLÍTICA: ¡FUERA ROGGIO! ¡BASTA DE MEGABASURALES!

Por último, vale la pena destacar que también hay políticos que se pronunciaron contra la campaña de encubrimiento que están desplegando los funcionarios. Juan Pablo Quinteros del Frente Cívico declaró que “No estamos hablando de ‘turbiedad’, hablamos de contaminación del agua que consumimos. Por ellos es imprescindible información y seriedad (…) Por la gravedad de la situación es imprescindible información oficial y precisa para los usuarios de Còrdoba”. A su vez, Olga Riutort del PJ declaró que “Es imprescindible que el intendente exija a la provincia el resultado de los análisis del agua del canal Los Molinos.” Desde la TPR exigimos a los bloques del PJ y el Frente Cívico que tomen como propio estos reclamos pronunciados por parte de sus propios diputados. A su vez, como TPR exigimos al estado provincial y nacional que hagan los estudios para tener tanto la garantía como la información sobre la calidad del agua.

Por otra parte, también apoyamos el pedido por parte de Eduardo Salas (FIT-PO) para que se declare la Emergencia Ambiental en la zona sur: “Estamos ante una verdadera emergencia ambiental que debe ser declarada. La zona sur viene siendo golpeada por todo lados: las napas en Villa El Libertador, Taym, el enterramiento de Bower y este nuevo en Santa Ana, que terminan de completarse con estas lluvias (…) hay un riesgo total para la salud de los cordobeses que viven en esas barriadas”. Nos hacemos eco del pedido de renuncia del secretario de Ambiente Javier Britch y de la denuncia de Salas contra el gobierno: “lo único que ha hecho es mandar a la policía judicial para que los vecinos no saquen fotos del desastre. Sin embargo videos de drones y fotos que circulan masivamente grafican crudamente como los residuos flotan y los efluvios que provienen del Taym ingresan al canal los Molinos”. Por todo esto, apoyamos que se forme con urgencia una comisión investigadora conformada por los vecinos, técnicos y las organizaciones ambientalistas para que puedan sacar a la luz los hechos ocurridos y puedan determinar las verdaderas responsabilidades.

A su vez, gracias a la lucha de los vecinos, ya se declaró la Emergencia Ambiental en Carlos Paz y toda la zona norte que se alimenta del Lago San Roque. El proyecto había sido presentada por las bancadas de la oposición (Frente Cívico, UCR y Unión por Córdoba) en oposición a la intendente de Carlos Paz, Esteban Avilés de Carlos Paz Unido (Frente Cívico, Socialismo, CC, ARI y MID). El proyecto se basó en la situación del embalse y también en las quemazones que se dan en el basural a cielo abierto a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse. Además, se aprobó por mayoría el pedido de informe que se presentó desde la oposición para que se dé a conocer desde el Ejecutivo cuál es el porcentaje de conexiones domiciliarias efectivizadas en correspondencia a la zona de prestación de la red colectora de líquidos cloacales. El articulado del proyecto: Artículo  1º. Declarar la Emergencia Ambiental en la Ciudad de Villa Carlos Paz ante los incendios del basural y la  problemática de contaminación del Lago San Roque y sus afluentes. Artículo 2º. Solicitar al D.E.M. que en forma urgente arbitre los medios necesarios ante universidades y organismos competentes, para recabar datos certeros mediante análisis científicos,  que determinen cuales son los efectos a la salud de la población, ante la quema del basural y la contaminación del lago San Roque  y sus afluentes. Artículo 3°. Solicitar al D.E.M. que en el término de 15 días planifique un plan de contingencia de Emergencia Sanitaria, y lo haga conocer a éste Concejo de Representantes Artículo 4°. Elevar comunicaciones a las autoridades provinciales y nacionales de esta declaración solicitando la ayuda correspondiente. Artículo 5°. De forma.

Se trata de una gran paso adelante. Desde la TPR, por lo tanto, apoyamos los pronunciamientos de todos los diputados que denuncian a la industria de la contaminación y llamamos a extender esa campaña de pronunciamientos como parte de una campaña unitaria para terminar con Roggio y los megabasurales. Como TPR, llamamos a todos los vecinos a no consumir el agua hasta que haya estudio nacionales concluyentes sobre si es potable o no y exigimos al poder político que garantice dotaciones de agua potable hasta que se haga saneamiento total de ambas fuentes. La lucha en defensa del medioambiente es una lucha contra el poder político y los gobiernos de turno. Apoyándonos en la histórica lucha de los vecinos, pongamos en pie a toda Córdoba contra la contaminación. ¡Que viva el santanazo!

4/4/2017

TPR

Tendencia Piquetera Revolucionaria

Fb: TPR Tendencia Piquetera Revolucionaria / Tw: @prensa_TPR / http://www.elpiquetero.org

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s